Wal-Mart ocupa el primer lugar en demandas laborales en el Distrito Federal. El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Ramón Montaño Cuadra, informó que diariamente se presentan en promedio cuatro denuncias contra la empresa trasnacional por despido injustificado, hostigamiento laboral, malos tratos, jornadas extensas sin remuneración y cancelación de dí­as de descanso.



De 2000 a 2010 se logró conciliar 743 juicios, pero 603 se encuentran en trámite y, a raí­z de los señalamientos públicos de presuntos sobornos en contra de la cadena de autoservicios, “decenas de ex trabajadores se han acercado para promover y acelerar un acuerdo que permita concluir su juicio mediante una negociación justa y apegada a derecho”, explicó.



”La Ley Federal del Trabajo señala para los empleados que demandan a su patrón tres meses de salario y 20 dí­as más por año laborado como compensación, entre otras prestaciones; dicho marco legal “se toma en cuenta para arrancar una negociación, pero es importante que exista voluntad tanto del trabajador como del patrón para frenar un juicio que puede durar más de tres años”.



El organismo laboral comentó que ha exhortado a los trabajadores y representantes legales de Wal-Mart a llegar a una negociación para acabar con 603 juicios que se encuentran en trámite, con lo que se ubica en el primer lugar de demandas laborales por despido injustificado, con base en los registros que se tienen, aunque el número tiende a crecer diariamente.



Mencionó que en los dí­as recientes varios ex empleados “se han acercado a la junta para ver de qué manera, y apegado a derecho, pueden acelerar sus procesos, reducir sus gastos en traslado y recuperar lo que les corresponde, luego de ser despedido. Estamos analizando los casos, pero se requiere que los representantes de la empresa acepten negociar”.



El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, señaló que de enero de 2011 a marzo de 2012 se realizaron 399 visitas a tiendas de autoservicio, donde se revisaron los expedientes de los cerca de 9 mil niños que laboran de empacadores y verificar que se cumpla con el convenio de protección a menores trabajadores firmado en 1999 entre el gobierno capitalino y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.



Además se impartieron 103 talleres, de los cuales 39 fueron para estudiantes en escuelas públicas; 50 en tiendas de autoservicio, dirigidos a empacadores, y 14 sobre los derechos y responsabilidades, no a la discriminación, trata de personas y erradicación de la violencia, pues los llamados cerillos carecen de una relación laboral con las tiendas donde prestan sus servicios, indicó.

Bruselas, 2 de mayo. Nunca, desde la introducción del euro hace 13 años, los socios de la moneda única habí­an sufrido con tanta virulencia el azote del desempleo. La tasa de desocupación de la zona euro se situó en 10.9 por ciento en marzo, igualando el máximo histórico de hace 15 años, impulsado por aumentos en España e Italia.



La desocupación en los 17 paí­ses que utilizan el euro se elevó una décima desde el dato de febrero, como esperaban los economistas consultados. En la Unión Europea de 27 paí­ses, la desocupación se mantuvo estable en 10.2 por ciento, lo que equivale a 24.8 millones de personas.



Varios miembros de la zona euro están a punto de volver a caer en recesión o ya han caí­do en ella. Algunos paí­ses europeos se ven amenazados por una espiral negativa de medidas de austeridad, que los gobiernos aplican por la crisis de deuda, lo que mina la confianza del consumidor y de las empresas, así­ como el crecimiento, e incluso se necesita de mayores recortes presupuestarios.



En 11 meses consecutivos la tasa de desempleo sobrepasó el 10 por ciento. En un año, 1.73 millones de personas quedaron sin trabajo en la eurozona.



Además de volver a la recesión en el primer trimestre, España encabeza la lista con una tasa de desempleo de 24.1 por ciento en marzo, cinco décimas más que en febrero pasado, un nivel no visto desde 1986.



Dentro de la zona euro, la cesantí­a aumentó en Chipre, Italia, Holanda y Portugal. Se mantuvo estable en Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo y Malta, y bajó en Austria, Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia. No hubo datos para Estonia y Grecia.



Grecia registra un desempleo de 21.7 por ciento y Portugal de 15.3, ambos, junto a Irlanda, rescatados por la UKE y por el Fondo Monetario Internacional. La tasa de desempleo en Alemania, primera potencia económica de Europa, cayó 2 décimas en abril, para ubicarse en 7 por ciento, comunicó la Agencia Federal de Trabajo.



En marzo del año pasado la tasa de desempleo en los 17 socios de la eurozona era de 9.9 por ciento, el nuevo guarismo para el mismo mes de este año refleja un aumento significativo del número de personas que busca trabajo en el territorio del euro, pero también en el resto del bloque.



”Todo indica que el desempleo continuará creciendo en los próximos meses y en poco tiempo pasará al umbral de 11 por ciento”, vaticinó Martin Van Vliet, economista del banco ING.



Estas cifras reactivarán el debate sobre la necesidad de definir una estrategia común para el crecimiento de la zona euro, consideró Van Vliet. Una vez más los datos reflejan la disparidad entre las economí­as que adoptaron la moneda común.



”Las tasas de desempleo excepcionalmente elevadas en los paí­ses del sur de Europa se deben en parte a factores estructurales, pero también reflejan los sacrificios que estas naciones deben sufrir en el corto plazo por los duros planes de rigor” exigidos por Bruselas, destacó.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó al secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, en contra de la resolución de la Secretarí­a del Trabajo y Previsión Social que le negó la toma de nota a la agrupación sindical el 24 de junio de 2008 en el expediente laboral 10/670-23.



Por mayorí­a de tres votos ““Sergio Aguirre Anguiano votó en contra y Fernando Franco se excusó de conocer el asunto porque antes de ser ministro laboró en la Secretarí­a del Trabajo y Previsión Social(STPS)”“, la Corte estableció que la autoridad laboral debe limitarse a comparar el procedimiento de cambio de directiva y las actas respectivas, “sin que dicha verificación se traduzca en una revisión de tipo electoral”, protegiendo con ello “la vida interna de la organización sindical y salvaguardando los derechos de sus agremiados”.



La Corte subrayó que “la negativa de la toma de nota sólo puede sustentarse si no se presenta la documentación requerida (copia autorizada del acta de asamblea, de los estatutos y del acta de elección de la directiva) o si esa documentación revela por sí­ sola (por lo asentado en las propias actas) que no se hayan llevado a cabo las etapas básicas del proceso de elección que contemplen los estatutos o que se consigne algo distinto a la voluntad de los trabajadores.



Después de haber revisado por más tres años, tanto en pleno como en sala, diversos recursos legales en los que se analizó el alcance que tienen las autoridades de la Secretarí­a del Trabajo y Previsión Social para verificar o cotejar la legalidad de la renovación periódica de las dirigencias de los sindicatos, la Corte le dio la razón al sindicato minero por considerar que la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretarí­a del Trabajo actuó indebidamente “al ir más allá de la confirmación del cumplimiento o verificación de los requisitos formales o etapas prestablecidas en los estatutos aprobados por los propios trabajadores”.



En lugar de ello, consideraron los ministros, la dependencia federal hizo un juicio de valor ajeno a dichas etapas y se pronunció sobre la elegibilidad de su secretario general (Gómez Urrutia), sin tener facultades para ello.



Aseveraron que cada sindicato establece su propio marco normativo para renovar su dirigencia, mediante un determinado procedimiento, “y eso es lo que debí­a haber constatado en actas la autoridad responsable”: verificar solamente si formalmente se cumplí­a con lo que establecen los estatutos del sindicato,



El año pasado, este amparo se analizó, sin resolverse, en el pleno de ministros. En aquel entonces Luis Marí­a Aguilar ““quien junto con Sergio Valls y Margarita Luna Ramos votó ayer a favor del sindicato minero”“ adelantó que era válido el nombramiento de Gómez Urrutia y que esa decisión “sólo puede ser modificada mediante juicio ante el juez correspondiente”. Se pronunció porque el control de las actividades internas de un sindicato y la adopción de medidas de suspensión o disolución queden en manos de las autoridades judiciales, no sólo para garantizar un procedimiento imparcial y objetivo, sino también para evitar el peligro de que las medidas adoptadas por las autoridades administrativas parezcan arbitrarias.

Bajo el régimen económico neoliberal, la situación de los trabajadores en Puebla, como en el resto del paí­s, se deterioró a tal grado que, actualmente, en la entidad existe más de un millón de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mí­nimos, o que bien no se les paga por su trabajo, lo que los obliga a comer una vez cada tercer dí­a.



Así­ lo dieron a conocer este miércoles los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana”“Iztapalapa, Nayeli Pérez y Alberto Jiménez, durante su participación en el primer coloquio “La situación laboral de los trabajadores en el siglo 21″, organizado por la Universidad Autónoma de Puebla.



Indicaron que en los últimos 20 años el salario real de los trabajadores en el estado de Puebla sólo aumentó en 3 por ciento pero en el mismo periodo su poder adquisitivo se redujo en 30 por ciento, lo que les impide adquirir una canasta básica de 2 mil pesos, lo que les impide alimentarse adecuadamente.



En entrevista, los investigadores señalaron que en 1992 el salario mí­nimo de los trabajadores era de 12 pesos, y actualmente es de 59.6 pesos, lo que representa un incremento en términos nominales de 64.8 por ciento.



Sin embargo, en términos reales ““es decir, restando el efecto inflacionario”“, el incremento es de sólo 3 por ciento, que equivale a 10 pesos del año 1992, mismo que tomaron como base para hacer sus cálculos.



Señalaron que los datos del Instituto Nacional de Geografí­a y Estadí­stica (Inegi) están mal elaborados, pues en sus encuestas sobre ocupación y empleo consideran que si una persona laboró sólo una hora a la semana, esto es suficiente para considerarla con empleo, aunque realmente no sea así­.



Si la medición del desempleo y la pobreza tuviera en México parámetros similares a los que existen en Europa, la cifra de desempleados se dispararí­a a 25 o 30 millones de personas, pues en ese continente está prohibido considerar al sector informal como empleo y ocupación, tal como se hace en el paí­s. La informalidad es el principal empleador en Puebla como en el resto de la República, donde casi ocho de cada 10 trabajadores están empleados en este sector, expresaron.



Esta situación se agravó con los gobiernos de Acción Nacional, que comenzaron a gobernar hace 12 años, cuando el paí­s continuó con la polí­tica económica neoliberal, mientras que naciones como Brasil, Venezuela y Argentina no tienen los niveles de desempleo ni de pobreza alimentaria que padece México, ya que esos paí­ses cambiaron de rumbo económico, señalaron.



Agregaron que el actual gobierno de Felipe Calderón apostó por mantener una baja inflación de la economí­a del paí­s, pero a un costo elevado para la clase trabajadora ya que padece altas tasas de desempleo, de reducción real del salario así­ como del poder adquisitivo, donde el único beneficiado es el capital nacional y extranjero.

Las defensoras y defensores trabajan en favor de una sociedad mas justa, en la que todas las personas puedan disfrutar de igual manera de todos los derechos fundamentales. La protección de las personas defensoras es una obligación del Estado mexicano en su conjunto, plasmada en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por Méxio, así­ como en el marco de las reformas a la Constitución Polí­tica Mexicana en materia de derechos humanos, del Acuerdo para la Implementación de un Mecanismo Gubernamental para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Mecanismo) y la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentada en el Senado el pasado 15 de marzo.

Las personas defensoras de derechos humanos en México, y en particular en el estado de Puebla han sido objeto de actos de intimidación, acoso judicial, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones fí­sicas, entre otros, como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos.



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La empresa de autopartes Flex”“ N”“Gate podrí­a cambiar al sindicato de la CTM en su fábrica instalada en el parque industrial Resurrección, en la capital del estado; con esto podrí­an terminar los conflictos con los trabajadores, y continuarí­a con su producción sin el malestar de los obreros.



Así­ lo dieron a conocer las trabajadoras Verónica Carreón Leal y Sara Ortega Hernández, luego de la celebración de la segunda audiencia con esta empresa en el conflicto legal que sostienen ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).



La empresa comenzó a explorar esa posibilidad, debido a que cuenta con más información de las agresiones y amenazas de los delegados de la CTM en esa empresa, lo que ha orillado a que más obreros estén inconformes con el sindicato, agregaron.



Carreón y Ortega, que representan a un grupo de trabajadores despedidos sin justificación, abrieron la posibilidad de que la representación sindical que sustituya a la CTM surja de los propios trabajadores de Flex”“N”“Gate, y no algún otro “sindicato corporativo” tome la representatividad.



Las trabajadoras informaron que tienen la posibilidad de ganar este juicio y ser reinstaladas en los puestos de trabajo que perdieron a finales del año pasado, tras más de 10 años de trabajo sin interrupción.



Ayer por la mañana, la JFCA rechazó el recurso que presentó la empresa de “insumisión al arbitraje”, es decir, Flex”“N”“Gate trató de demostrar que la demanda de las trabajadoras no era competencia de la dependencia federal, pues consideró que el despido de éstas fue justificado.



Las obreras alegaron, a través de su abogado, que el artí­culo 123 constitucional en su inciso 22 las protege, pues hasta ahora la empresa no ha podido demostrar bajo qué argumentos las dejó sin empleo.



Las mujeres señalaron que a pesar de la presión de la empresa para que acepten la liquidación que les ofrece ““con montos entre los 147 mil a los 167 mil pesos como máximo”“, no van a aceptar el dinero pues legalmente lo que corresponde es la reinstalación. Será en un plazo máximo de un mes cuando la justicia federal laboral emita un fallo sobre este caso.



Entrevistadas al respecto, las trabajadoras señalaron que dentro de la empresa las molestias contra los delegados de la CTM, así­ como contra el lí­der Gonzálo Torres Chetla, está originando dentro de la base laboral existe un movimiento que busca cambiar la representación ante la empresa.



El pasado miércoles, el grupo Trabajadores Unidos realizó un nuevo volanteo informativo fuera de Flex”“N”“Gate, a la hora de la salida de los obreros del primer turno, a las 7:30 de la mañana.



Los delegados de la central obrera comenzaron a tomar fotos a las trabajadoras despedidas, e intentaron arrebatar los volantes informativos consiguiendo llevarse algunos de ellos. Sin embargo, la respuesta de los obreros que salí­an de trabajar ya no fue temor como en otras ocasiones: ahora apoyaron a las mujeres y expresaron su acuerdo con la defensa de los derechos laborales en esta factorí­a.

El pasado 12 de abril del presente año lí­der estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martí­nez., señaló que “en la medida que competa a la central obrera, no se permitirá que el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) se entrometa en la vida sindical y empresarial del estado con las consecuencias que ello genere”1 así­ mismo amenazó con “defender a las empresas donde tenemos contratos colectivos de trabajo cueste lo que cueste y si hay violencia ni modo. No vamos a perder el contrato en empresas de Puebla ni del resto del paí­s”







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PRONUNCIAMIENTO



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CTM alerta de desestabilización laboral en Puebla

Con engaños buscan derecho de paso, denuncian ejidatarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir un gasoducto en las inmediaciones del volcán Popocatépetl y mediante engaños ha tratado de obtener el derecho de paso de ejidatarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala que resultarán afectados, denunciaron hoy los comuneros, quienes pidieron la cancelación del proyecto.



Rufino Aragón Pérez, comisariado ejidal de Amilcingo, Morelos, denunció que funcionarios de la CFE trataron de presionarlo para que, en una reunión a la que sólo acudieron 37 de los 250 habitantes, aprobara el paso de ese gasoducto. A cambio ofrecieron construir las 12 obras públicas más urgentes para el pueblo.



Raúl Ruiz Orozco, arquitecto de la CFE, acudirí­a la tarde de este miércoles a recibir la lista de las 12 obras y a llevarse el padrón con las firmas de ejidatarios que estuvieran de acuerdo con este proyecto energético. Asimismo, darí­a información sobre la construcción del llamado Gasoducto Morelos.



A las 14:30 horas, después de permanecer apostados una hora frente a la ayudantí­a municipal en espera de los funcionarios que no llegaron, los campesinos comenzaron una asamblea en la que el ayudante municipal Fidel Castillo Olivar expuso que no estaba de acuerdo en que la CFE acabe con la tranquilidad de estos pueblos. Sobre todo rechazó que la CFE, con la aprobación de los gobiernos federal y estatales, construya un gasoducto en la zona del volcán, por el riesgo que implica una posible erupción.



Aragón Pérez dijo que la CFE pretende engañar, porque no da la información necesaria, y se comprometió a rechazar ese proyecto y a no entregar las 37 firmas de ejidatarios que lo aprueban y que tiene en su poder.



”Si la mayorí­a de los ejidatarios se opone, yo también, porque tampoco estoy de acuerdo en que se ponga en riesgo la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y generaciones venideras”, aseguró luego de que la comitiva de la CFE, que estarí­a encabezada por Ruiz Orozco, no llegó a la cita.



Jaime Domí­nguez Pérez, vecino de Jantetelco, aseguró que la CFE pretende que también pase el gasoducto por ese municipio, pero ya se organizan para exigir la cancelación de dicho proyecto.



En la asamblea los campesinos informaron de los peligros de la construcción sobre sus tierras, así­ como de la lucha que ya iniciaron los pueblos afectados de Puebla y Tlaxcala para exigir que sea cancelado el proyecto.



En volantes, campesinos de Puebla informan que el Gasoducto Morelos tendrá 160 kilómetros y enlazará el actual sistema de ductos que la compañí­a Gas Petroquí­mica Básica posee en Tlaxcala con diversas centrales de generación eléctrica de próximo desarrollo en Morelos. Asimismo, transportará 310 millones de metros cúbicos de gas al dí­a (sic), mismos que pasarán por 30 municipios de los tres estados.



La empresa española Elecnor ganó la licitación para su construcción y pretende iniciar trabajos el 20 de octubre.



En la reunión participaron estudiantes de la Escuela Normal Rural de Amilcingo Emiliano Zapata, que se pronunciaron en contra de que el pueblo acepte el paso del gasoducto a cambio de dinero o de obras.



Los campesinos colgaron una manta sobre la fachada del auditorio en la que se lee: “¡No al gasoducto!, es un peligro.”

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó los resultados del índice de Competitividad Social (ICS) 2012 para los estados de la República, donde Puebla sólo mejoró una posición para ubicarse como la quinta entidad con las peores condiciones laborales del paí­s.



El principal problema de la entidad, de acuerdo con el documento “Informe sobre Competitividad Social en México 2011″, es el acceso de los trabajadores a los servicios de salud; a éste le sigue el acceso a las prestaciones laborales y el tiempo de estudios, así­ como la cantidad de menores de 15 años que estudian y trabajan.



Así­, de 2.5 millones de personas con alguna ocupación en el estado, 521 mil tienen acceso a los servicios de salud, 603 mil personas no cuentan con prestaciones laborales y 79 mil menores de edad, entre los 12 y los 15 años, se ven obligados a combinar el trabajo con los estudios. El tiempo promedio que pasan los trabajadores del estado en la escuela es de 8.3 años.



Por ciudades, la ciudad de Puebla y su zona metropolitana tuvieron un descenso de 0.30 por ciento en el ICS para ubicarse como la sexta ciudad con las peores condiciones laborales.



La semana pasada, el PNUD presentó dichos resultados para México del ICS, el cual define como un acercamiento al proceso de desarrollo desde el punto de vista del trabajo; para este programa de la ONU, el indicador proporciona nociones claras del nivel de bienestar que experimenta una sociedad, y a partir de estos resultados permite anticipar una tendencia del índice de Desarrollo Humano en el corto plazo.



Así­, mientras que al finalizar el año 2010 el ICS de Puebla fue de 0.4696 y su posición nacional fue el lugar 29, al cierre del año pasado la entidad alcanzó un ICS de 0.4848 y el lugar nacional número 28; es decir, sólo avanzó una posición.



El PNUD señala que entre los años 2008 y 2010 el estado de Puebla tuvo un aumento de 3 por ciento en este indicador de competitividad social; en tanto, en el periodo 2010″“2011, la entidad mostró un alza de 3.2 por ciento, que fue superior al que obtuvo Morelos, que fue de 4.2 por ciento; sin embargo, el ICS de Puebla continúa siendo menor a la media nacional, ya que para 2010 a nivel paí­s el valor fue de 0.5616, mientras que en 2011 fue de 0.5696.



El ICS mide escencialmente tres factores: acceso a los servicios de salud, educación y ausencia de trabajo infantil, así­ como ingresos y prestaciones laborales.



En ese sentido, al cierre de 2011, la entidad alcanzó un índice de Acceso a los Servicios de Salud de 0.2100 y el lugar nacional 28; en cuanto educación y ausencia de trabajo infantil, Puebla ocupó el lugar 25 nacional con un í­ndice de 0.7513, y en cuanto a ingresos y prestaciones laborales la entidad tiene un í­ndice de 0.3663, así­ como el lugar 29 a nivel nacional.



En el desglose del ICS, las cifras del PNUD, basadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2011, indican que sólo 20.88 por ciento de la población ocupada de la entidad tiene acceso a los servicios de salud; esto equivaldrí­a a unas 521 mil 999 personas.



Asimismo, 3.19 por ciento de la población ocupada cuenta entre 12 y 15 años y combina sus estudios con el trabajo; esto serí­a similar a unos 79 mil menores de edad. En tanto, los años de estudio de la población del estado alcanzarí­a los 8.43 años.



El porcentaje de la población ocupada con prestaciones laborales en Puebla, al cierre de 2011, fue de 24.14 por ciento, equivalente a 603 mil 500 personas.



De acuerdo con estas cifras, el ingreso laboral per cápita de los trabajadores en el estado fue de 3 mil 87 dólares ““unos 39 mil 456 pesos aproximadamente”“, cifra que está por debajo de los 3 mil 802 dólares del promedio nacional, unos 48 mil 500 pesos.







El área metropolitana



de Puebla







La ciudad de Puebla y su área metropolitana es la sexta de las 32 capitales del paí­s con las peores condiciones laborales, sólo por debajo de Tlaxcala, Acapulco, Cuernavaca, León y Oaxaca.



En ICS de la capital poblana se ubicó en 0.6049 al finalizar 2010 y en 0.6209, lo que representa un aumento de 2.6 por ciento.



Pero este í­ndice se encuentra por debajo del promedio metropolitano de las 32 ciudades más importantes del paí­s, que fue de 0.6514 para 2010 y de 0.65093 al cierre del año pasado.



La importancia de conocer este indicador en estas ciudades obedece a que es en las grandes zonas urbanas donde se encuentra la mayor parte de la industria nacional y se observan las mayores concentraciones poblacionales: alrededor de 40.1 por ciento de la población total del paí­s vive en las 32 principales ciudades, y con ello una gran parte de las personas ocupadas, sostiene el reporte del PNUD.

En la recta final de esta administración la Secretarí­a de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se preparan para lanzar la licitación de otro par de hilos de fibra oscura para que operadores privados ofrezcan servicios de telecomunicaciones a través de 19 mil kilómetros, señaló el subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarrí­a.



Dijo que el par de hilos que se licitó hace más de un año y que ganaron en asociación Televisa, Telefónica y Megacable está operando de forma parcial y que el compromiso es que en este primer trimestre estén en plenas funciones.



El funcionario sostuvo que la SCT ya lanzó dos licitaciones para que operadores de telecomunicaciones ofrezcan sus servicios en 11 mil puntos del paí­s, como parte de las metas de este gobierno de llevar banda ancha a la mayor parte de la población.



Detalló que a diferencia de la primera licitación, en la que se concursaron 19 mil kilómetros de fibra que recorren todo el paí­s, el segundo concurso se hará por tramos y dependiendo de las necesidades del mercado, por lo que se trabaja de forma coordinada con los operadores.



Al iluminar un par de hilos de fibra el operador tiene la posibilidad de ofrecer todo tipo de servicios como televisión, telefoní­a, Internet, rentar esa fibra a otros participantes en el mercado para que suban sus propios servicios, y así­ convertirse en una gran ví­a de transmisión de información y servicios.



La CFE tiene 36 pares de hilos; hace casi dos años la SCT y CFE lanzaron la primera licitación que ganó Televisa, Telefónica y Megacable, conformados en sociedad sólo para el concurso, ya que a decir de las tres empresas seguirán siendo competidores en los mercados en los que puedan coincidir.



En lo que se definen las condiciones para ese nuevo concurso, se diseñan las bases y se publican, explicó Olavarrí­a, la SCT avanza en otras acciones con miras a reducir la brecha digital que existe entre los mexicanos.



Por ello se publicaron las bases de dos licitaciones, para que operadores de telecomunicaciones presten servicios de Internet por banda ancha en 11 mil puntos del territorio nacional, con la intención de que la mayor parte de la población tenga acceso a las tecnologí­as de la información. Podrán participar todos los operadores que tengan un tí­tulo de concesión e infraestructura para llegar a muchos lugares del paí­s.



El funcionario detalló que podrá haber varios ganadores y que el servicio va a ser gratuito, pues lo va a subsidiar la SCT. “Va a ser a través de las redes públicas de los operadores; adonde no lleguen los operadores porque no tienen infraestructura, ahí­ vamos a usar tecnologí­a satelital o la banda de 3.3”.