Cinco organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos dieron a conocer ayer una carta abierta dirigida a los integrantes de la “Caravana al Sur” del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que hoy arribará a territorio poblano. En la misiva se denuncian diversas arbitrariedades y delitos impunes, como el secuestro de migrantes, la desaparición de 3 mil mujeres durante el sexenio anterior y la represión de parte de las fuerzas del orden público.



La epí­stola está rubricada por el Nodo de Derechos Humanos, Enlace Urbano de Dignidad



Unión de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Puebla, Comisión Takachiualis de Derechos Humanos y el Proyecto de Animación y Desarrollo.



”Bienvenidos a Puebla, un estado en el que la muerte se maquilla mientras se promueve la violencia, en donde ninguna autoridad es responsable de sus acciones, en donde la impunidad es polí­tica oficial”, saludan los activistas poblanos al contingente que este lunes arribarán a la capital estatal.



En el documento se hace alusión al secuestro masivo de migrantes ocurrido en Lara Grajales en octubre de 2008, al asesinato de la estudiante de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, Thalí­a Martí­nez Ramí­rez, y al infante pastor de Petlalcingo, Osvaldo Zamora Barragán, quien resultó mutilado por la explosión de una granada en un campo de prácticas del Ejército Mexicano:



”Bienvenidos al lugar de paso donde 60 migrantes pueden ser secuestrados y mutilados y quienes los ayudan son encarcelados; donde Thalí­a Martí­nez Ramí­rez y más de 3 mil mujeres desaparecidas se convierten archivos olvidados; donde el lavado de dinero pasa desapercibido a pesar de que aparezcan de la noche a la mañana rascacielos que permanecen vací­os y en donde el número de casas de cambio y casinos compite con el de las misceláneas; en donde al niño de 11 años Osvaldo Zamora Barragán le puede estallar una granada mientras el gobierno y el Ejército, en lugar de asumir su responsabilidad con una vida que arruinaron con sus armas y sus polí­ticas negligentes, buscan la manera de deslindarse, de ocultar la tragedia; un lugar en el que tres mujeres de nombre Marí­a pueden ser asesinadas de la misma forma, en la misma colonia y en la misma semana y la versión oficial diga que no tienen nada en común”.



Las organizaciones hacen también una crí­tica al gobierno de Rafael Moreno Valle, asegurando que actúa con peor impunidad que el de la administración que encabezó el priista, Mario Marí­n Torres:



”La guerra se incrementa, se acerca, los intentos de la Sedena, del Ejecutivo y del Congreso por aprobar la Ley de Seguridad Nacional muestran nuevamente la estrategia de reforma y aprobación de leyes a espaldas del pueblo, poco a poco aprueban lo que es necesario para legalizar todos los abusos que han cometido contra el pueblo mexicano en esta guerra en la que los de abajo ponen los muertos. Puebla es resguardo de narcos, de poderosos criminales que conviven con el poder, que habitan con él y viven de él. Aquí­ en Puebla, como en todos lados, el cambio de gobierno y las famosas alianzas polí­ticas solo cambiaron de color las calles imponiendo sus membretes por todos lados, operando no solo de la misma forma impune que con el “˜gober precioso”™, sino aun peor. Porque es más evidente que algo pasa, que huele a guerra, mientras el gobierno insiste en que no pasa nada y en que todo está bajo control porque hay ejército en las calles”.



También se cuestiona la instalación de la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla Ignacio Zaragoza y la designación de Ardelio Vargas Fosado como titular de la Secretarí­a de Seguridad Pública y Vialidad:



”Bienvenidos a las tierras donde las corporaciones policiacas ven con más sospecha a un defensor de los migrantes que a un capo del narcotráfico; donde un gobernador puede vincularse a redes de trata de personas sin que haya consecuencias porque el que le sigue está más preocupado por construir su propia impunidad que por proteger a las ví­ctimas; a donde el gobierno de Estados Unidos con 5 millones de dólares y el de Puebla con 200 millones de pesos anunciaron la instalación de una presunta “˜Academia de Policí­a”™, una obra de la que no se ha sabido nada más y que permanece en la penumbra y la ambigí¼edad que distingue a los gobiernos de este paí­s cuando se trata de dinero público; al lugar en el que el encargado de la seguridad pública estatal es un impulsor activo de la Ley de Seguridad Nacional, un ejecutor gustoso de la represión, amante de la militarización, un promotor de la violencia”.



”El dolor que esta contenido debajo de los suelos de cada pueblo busca por dónde salir, algunas voces salen y caminan por las calles, otras gritan, otras tejen, otras esperan a que la honestidad abra camino para salir de nuevo, para encontrarse con otros afectados, con quienes no han tenido voz, quienes son amenazados, quienes quizás nunca han estado organizados y no buscan un membrete, un representante o un partido. Es duro lo que se juega ahora, es la esperanza de millones de mexicanos que antes que nada tenemos que parar la guerra y que vemos en su paso por Puebla una esperanza que se expande, que brota y que esperamos que germine, ya habrá momento esperamos de que los sin voz tengan su voz, de que los que aún esperan salgan y de que todos escuchemos los susurros que llegan de los vivos y de los muertos”, abundan las cinco organizaciones poblanas.



”El terrible asesinato de Juan Francisco Sicilia abrió una herida por la que los dolores de todos comenzaron a derramarse, como la rabia y la indignación que se fue expandiendo y que tomó poco a poco el nombre de cada muerto buscando nombres y apellidos de tantos sin nombre que han quedado debajo de la tierra ocultos por ese silencio tan estruendoso y absoluto que impone la guerra. Una guerra que viene de arriba, una guerra que no es nuestra, una guerra que a puesto en voz de todos la consigna que recorrió Morelos el 6 de abril de 2011: “˜Queremos vivir”™, detrás de esta demanda, de la exigencia desesperada vino lo que comienza a constituirse quizás como un movimiento, lo que busca su forma y que con la diversidad que lo nutre tendrá que ir tomando la forma de ese no colectivo, de todos, de todas, los sin nombre”, señalan los activistas al principio de su carta.

Luego de casi siete horas de negociaciones, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, y del Trabajo, Javier Lozano, así­ como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, lograron un acuerdo “en principio” para destrabar el conflicto de este gremio y levantar el plantón que tiene instalado en el Zócalo capitalino.



El acuerdo comprende básicamente la instalación de una mesa de trabajo “de alto nivel” para buscar la reinserción laboral de los más de 16 mil 500 trabajadores que no aceptaron ser liquidados, “antes de noviembre próximo”.



Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, y Martí­n Esparza, dirigente del SME, dieron a conocer los puntos que se acordaron en la reunión y que serí­an sometidos en el transcurso de la madrugada a la votación de los electricistas reunidos en asamblea, a fin de confirmar el avance de esta negociación, que permitirí­a resolver la problemática de los trabajadores de este gremio y a la vez dejar libre este martes la plancha capitalina para conmemorar las fiestas patrias.



Los acuerdos que Esparza informó a la base trabajadora reunida en las inmediaciones de la sede del SME contemplan: la entrega de la toma de nota a los 26 miembros del comité central del sindicato; ví­as para agilizar los procesos penales que enfrentan trabajadores encarcelados en el Reclusorio Oriente y en un penal de Puebla, así­ como la reinserción laboral de los trabajadores no liquidados.



Si estas propuestas son aprobadas en las primeras horas de esta mañana por los trabajadores del SME, se volverán a reunir los secretarios de Gobernación y del Trabajo, Marcelo Ebrard y el comité encabezado por Martí­n Esparza, para firmar a las 8 de la mañana de este dí­a la minuta de los acuerdos y de ahí­ proceder al levantamiento del plantón hoy mismo.



Frente a cientos de trabajadores reunidos en el sindicato, Esparza planteó propuesta por propuesta a los agremiados, quienes iniciaron las votaciones a la una de la madrugada. Les dijo que este es el resultado de la movilización no sólo por el plantón instalado durante más de medio año en el Zócalo, sino por los casi dos años de movilizaciones.



A la salida de las negociaciones, realizadas en la Secretarí­a de Gobernación y que se prolongaron hasta pasada la medianoche, Marcelo Ebrard expuso a la prensa que la mesa de trabajo para buscar las ví­as de reinserción laboral para los electricistas no se quedará en el papel; participarán los secretarios de Estado involucrados en la negociación, así­ como la Junta de Coordinación Polí­tica de la Cámara de Diputados y el mismo G capitalino, a fin de que antes de noviembre se dé una solución de empleo a los trabajadores.



En tanto, en la sede del SME, los electricistas abarrotaron las calles de Antonio Caso e Insurgentes, y fue insuficiente el auditorio, por lo que se tuvieron que colocar altavoces fuera del edificio para escuchar las propuestas que eran leí­das por Esparza. Salieron a relucir las consignas, y con más fuerza la petición de libertad para los trabajadores que están presos; la mayorí­a mostró satisfacción con lo logrado.



Al cierre de la edición, los trabajadores del SME continuaban en su reunión en las calles aledañas al edificio sindical.

Tras más de dos años de juicios laborales, el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) logró la reinstalación de Jorge íguila Lara en la empresa Johnson Controls ““proveedora de Volkswagen-, luego de que la parte patronal lo despidiera por buscar que los trabajadores de la empresa tuvieran un contrato colectivo.







Cerca del medio dí­a de este lunes, el trabajador llegó al parque industrial Bralemex, ubicado en la carretera federal a San Lorenzo Almecatla, acompañado de integrantes del CAT y del Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional, quienes antes de ingresar al corredor fueron intimidados por el personal de seguridad del propio parque y de la empresa Le Blanc.

Previó a su reinstalación, Jorge íguila, en entrevista detalló que hace más de dos años fue despedido injustificadamente de la empresa de autopartes Johnson Controls, por lo que interpuso una demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.



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”Vamos a ver cómo nos recibe la empresa, de hecho estoy con la incertidumbre de cómo me puede recibir, porque el personal administrativo siempre toma represalias en contra de los trabajadores”, explicó el trabajador afectado.

Explicó que las autoridades federales laborales dieron la orden de que la empresa de origen estadounidense lo reinstalara en el mismo lugar donde laboraba hace dos años. “Antes de que me despidieran tapizaba asientos, voy a instalarme en la misma área donde estaba”.

Indicó que el momento de ser despedido tení­a 14 años laborando en la empresa y aunque los trabajadores están afiliados a un sindicato adherido a la CROM, no lo ayudaron pues la representación obrera es considerada de protección patronal.

”Me daban liquidación pero no era lo que me correspondí­a, entonces yo decidí­ demandar porque como derecho me correspondí­a más”, agregó Jorge íguila.

En las últimas tres décadas, las mujeres de América Latina y el Caribe han hecho grandes avances para ubicarse a la par de los hombres en los lugares de trabajo. Hoy, hay 40 mujeres con puestos formales por cada 100 hombres y millones de ellas contribuyen a mantener a sus familias y a educar a sus hijos trabajando en la economí­a informal como vendedoras, costureras o propietarias de pequeños negocios.



El desempleo es un destino mucho más probable para las mujeres que para los hombres. Pero una vez en el mundo laboral, la promoción femenina aún continúa siendo rara en las estructuras de fábricas y grandes empresas. A menudo, las mujeres se encuentran estancadas en oficios como el trabajo doméstico y profesiones la enseñanza, que ofrece bajos salarios y reducida movilidad en la región.







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Estabilidad en empleo y salarios, capacitación y productividad, libertad y democracia sindical, así­ como subcontratación y condiciones de trabajo, son parte de los ejes torales que debe considerar una reforma laboral.



Asimismo aportar una perspectiva de género y discapacidad, higiene y seguridad en el trabajo y la procuración eficiente de justicia, consideró el analista de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, José Alfonso Bouzas.



A mediados de los ochenta se planteó por primera vez una reforma laboral, expuso en el marco de su conferencia magistral en el encuentro Diálogo Social: La reforma Laboral que necesita México”, donde recalcó la búsqueda de condiciones de empleo bien remunerado y decente, más que de tutelas.



En el caso del PAN se va a temas como trabajo decente, productividad y competitividad; mientras que el PRI subraya la necesidad de generar confianza a la inversión y preservar los valores básicos del artí­culo 123 de la Constitución, incluido mantener sin cambio el estado de democracia sindical y corporativismo con el que ha operado y que revisarlos “le pisaba callos”.



En tanto el PRD si va por reformas constitucionales y de la ley Federal del Trabajo con reducciones de jornadas de trabajo, seguro de desempleo, ampliación de la licencia de maternidad y supresión de la Comisión Nacional de Salarios Mí­nimos, así­ como de juntas de Conciliación y Arbitraje donde se integre a jueces de lo laboral al Poder Judicial.



Acotó que aunque es interesante pensar en seguro de desempleo, no se puede negar la realidad del mercado de empleo donde hasta 70 por ciento carece de trabajo estable, aunado a que tras la apertura del TLC ya se abrió el mercado al outsourcing.



Sin embargo la tercialización del trabajo se ha manipulado en perjuicio de los trabajadores, pues año con año el outsourcing cambia de razón social y carece de bienes (virtualmente sólo se monta con un escritorio y teléfono), lo que deja en indefensión a los obreros.



El especialista en Derecho Laboral y contratación colectiva ubicó existe una polarización y radicalización que han venido frenando desde mediados de los años ochenta una nueva Ley Federal del Trabajo que sea pertinente.



El también miembro del Instituto de Estudios Económicos de la UNAM postuló que la estabilidad absoluta en el texto constitucional debe de ser revisada y rechazó incrementar las causales para que patrón despida a trabajadores por presunta falta de respeto a los clientes de la empresa.

Este lunes, 2 mil 600 trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Puebla podrí­an iniciar un paro indefinido de labores en protesta contra el gobierno del edil panista Eduardo Rivera Pérez.



La protesta serí­a por la agresión que padecieron el viernes seis trabajadores pertenecientes al gremio que encabeza Israel Pacheco Velásquez, por parte de la Policí­a Municipal, y que según el sindicato, hasta ahora se desconoce el paradero de este grupo.



Este nuevo enfrentamiento entre el sindicato y el edil, el cuarto en lo que va de esta gestión municipal, comenzó la noche del jueves pasado en el vivero Colón que está ubicado en la junta auxiliar de Santa Marí­a Xonacatepec, al norte de la capital.



Ahí­ llegó el jefe de Servicios Públicos del ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, acompañado de algunos habitantes de la junta auxiliar; iban a recoger varias toneladas de adoquí­n que resultó del cambio de piso en algunas calles del Centro Histórico de la ciudad, acción que realizó el gobierno de Blanca Alcalá, pues existí­a un “compromiso” del edil Rivera Pérez por entregar ese material a Xonacatepec.



Sin embargo, el personal sindicalizado impidió que el funcionario concretara la recolecta del material, incluso hubo una fuerte discusión entre los trabajadores y el funcionario.



Pero al dí­a siguiente, el viernes por la mañana, al vivero llegó un grupo de agentes de la Policí­a Municipal, con la encomienda de tomar las instalaciones y permitir la salida del adoquí­n; el resultado: seis trabajadores golpeados, rociados con gas y detenidos, luego de un enfrentamiento violento entre los policí­as y los trabajadores del sindicato. El vivero quedó resguardado por la Policí­a.



El lí­der vitalicio del sindicato de trabajadores de la Comuna, Israel Pacheco Velásquez, acudió hasta la secretarí­a del ayuntamiento, que encabeza Manuel Janeiro Fernández, para exigirle una explicación sobre la agresión que padecieron sus agremiados. Janeiro no recibió a Pacheco.



”No sabemos dónde están los trabajadores, los privaron ilegalmente de su libertad, no sabemos el estado de salud en el que se encuentran, quieren aplicar la ley del garrote y no lo vamos a permitir”, expresó el lí­der sindical.



Para Pacheco Velásquez, la sustracción del adoquí­n del vivero Colon fue ilegal pues no se hizo conforme marcan los procedimientos de la Comuna; además, señaló que la polí­tica “del garrote” es un camino equivocado que el que está tomando Rivera Pérez pues no es posible en vez del diálogo opte por la represión.



El lí­der sindical agregó que además de presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos en contra del ayuntamiento, por la agresión y desaparición de los trabajadores, también procederán en contra del gobierno de Rivera Pérez por las ví­as penal y laboral, comenzando este dí­a con una movilización de toda la base trabajadora.



El fin de semana, el gobierno de la ciudad difundió un comunicado en que asegura que Rivera Pérez “cumplió con el compromiso” de entregar el adoquí­n de Xonacatepec.

Este martes el ayuntamiento de Puebla y su sindicato de trabajadores entrarán a su tercer dí­a de conflicto, luego del enfrentamiento el viernes pasado entre trabajadores del vivero Colón, con el director de Servicios Públicos municipal Arturo Muñoz Arellano y agentes de la Policí­a Municipal.



Luego de que este lunes la administración del panista Eduardo Rivera Pérez y el sindicato no llegaron a ningún acuerdo; los trabajadores se manifestarán nuevamente a las afueras de sus centros laborales tal como lo hicieron durante todo este lunes.



Con pancartas y pegotes, señalaron que son ví­ctimas de la polí­tica de represión que Rivera emprendió en su contra, la misma con la que se ataca a los comerciantes ambulantes, payasos, artistas urbanos, fotógrafos y voceadores. Por esa razón, esta acción la repetirán el resto de la semana hasta que no lleguen a un acuerdo.



Trascendió que el sindicato exige la destitución de Muñoz Arellano, lo que no aceptó la administración municipal. Este punto fue lo que empantanó las negociaciones entre ambas partas.



Ayer, el lí­der vitalicio de los trabajadores sindicalizados, Israel Pacheco Velásquez, reconoció que sus agremiados que participaron en la gresca deben ser castigados, pero también Muñoz Arellano ya que este también tuvo responsabilidad en el incidente que llevó a este conflicto.



Agregó que los agentes municipales robaron a los trabajadores que se encontraban en el vivero ““unas 200 personas”“, todos sus teléfonos celulares y sus pertenencias, por lo que presentarán una denuncia penal en contra de Amadeo Lara Terrón, secretario de Seguridad Pública, por la violencia y el robo contra los sindicalizados.



En tanto, el secretario de Administración de la Comuna, í­ñigo Ocejo Rojo, sancionará a los 2 mil 600 trabajadores sindicalizados por no haberse presentado a laborar este lunes, a pesar de que fueron los propios Policí­as de la Comuna los que les impidieron el paso a los empleados, lo que fue constatado por este diario.



Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Amadeo Lara Terrón, justificó la acción violenta del viernes en el vivero Colón, donde con toletes y escudos los agentes golpearon a los trabajadores municipales cuando estos impidieron que Muñoz Arellano y algunos vecinos de la junta auxiliar de Santa Marí­a Xonacatepec ““lugar donde se encuentra el vivero”“, se llevaron varias toneladas de adoquí­n.



El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez evitó inmiscuirse en el tema y sólo se limitó a decir que su secretario de Administración ya habí­a fijado una postura.



En tanto, la fracción de regidores del PRI señaló que el gobierno de Rivera Pérez está aplicando una polí­tica de represión que no beneficia en nada a la ciudad. En voz de la regidora Sandra Montalvo Domí­nguez, la administración municipal debe privilegiar el diálogo en vez de los golpes con agentes de la policí­a municipal.



Por ello, invitó tanto al sindicato como a la administración a no provocar más divisiones, ya que los ciudadanos esperan conciliación y trabajo de sus autoridades.

El rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, David Fernández Dávalos, aseguró que la situación del narcotráfico en Puebla “es riesgosa”, pues la cercaní­a de otras entidades podrí­a descomponer la aparente tranquilidad y paz con la que se vive en las zonas limí­trofes.



Luego que la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP) federal reveló que en el municipio de Tecamachalco se refugió durante un mes, antes de ser recapturado, el lí­der en Baja California del Cártel de los Arellano Félix al servicio de “El Chapo Guzmán” para traficar drogas hacia Estados Unidos, el jefe de Gobierno de la Ibero Puebla consideró que este hecho es una muestra de que “el narco está presente en todo el territorio nacional de distintas maneras”.



En entrevista con La Jornada de Oriente, Fernández Dávalos apuntó que la seguridad nacional está en peligro debido a la penetración de las actividades ilí­citas y vinculadas al narcotráfico en las instituciones federales y estatales en el paí­s, además de la lucha frontal que han enfrentado localidades del norte de México, principalmente.



”En el territorio nacional las mafias del crimen organizado son las que están penetrando las instituciones, así­ lo han hecho a lo largo de muchos en los distintos niveles de gobierno de toda la República, eso es lo que pone en peligro la seguridad nacional”, acotó Fernández.



Finalmente, indicó que aunque en Puebla no existe un enfrentamiento frontal entre las fuerzas del Estado y las bandas del crimen organizado por la disputa de plazas y el control en las actividades del narcotráfico, “uno pudiera pensar que, como pasa igualmente en todo el paí­s, hay algún tipo de conexión, presencia e intereses también en territorio poblano”.

La Secretarí­a de Gobernación (SG) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordaron reactivar la mesa de diálogo para atender las peticiones de los trabajadores. El SME pide que en este encuentro participe, además de funcionarios federales, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.



El diálogo busca explorar alternativas que satisfagan al SME para que levante el plantón que mantiene desde hace medio año en el Zócalo, en momentos en que las administraciones local y federal requieren la Plaza de la Constitución para los festejos patrios.



La solicitud inicial del titular de la SG, José Francisco Blake, fue que dejen libre el Zócalo, a lo que la comisión del SME respondió que para ello era imprescindible alcanzar acuerdos; fue entonces cuando surgió la propuesta de la mesa de diálogo, cuya primera sesión serí­a también en el Palacio de Covián, con base en el llamado correspondiente que emita Gobernación.



Al término del encuentro de más de dos horas, el dirigente sindical puntualizó que el funcionario se comprometió a “hacer algunas consultas” sobre el particular con el Presidente de la República. Comentó también que “en algún momento” la SG le propuso levantar el plantón, como condición para instalar la mesa; “también decí­an ““añadió”“ que buscarí­an el mecanismo para quitar las acusaciones” (penales en contra de varios sindicalistas).



Los reclamos del SME son: agilizar el proceso para la creación de una empresa que dé trabajo a los más de 16 mil electricistas, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que no se han liquidado; la liberación de 12 de sus compañeros a quienes identifican como “presos polí­ticos”; el otorgamiento de la “toma de nota” (reconocimiento jurí­dico) a 26 miembros electos del comité central sindical, y la liberación y/o devolución de las cuotas sindicales “confiscadas por el gobierno”.



Adicionalmente, el SME solicitó “audiencia pública” con el Presidente Felipe Calderón, en el contexto de “una mesa de negociación abierta a la opinión pública”, con el fin de alcanzar soluciones pací­ficas al conflicto en el sector eléctrico de la zona centro del paí­s.



”Quisiera comentarle que por mandato de la asamblea general extraordinaria se acordó también que no nos vamos a levantar del Zócalo sin una solución a dicho conflicto”, advirtió Esparza en una carta entregada el 25 de agosto pasado al secretario Blake.



En entrevista, el dirigente dijo que este jueves extenderán sus peticiones al Congreso de la Unión. Indicó que no es interés del SME obstaculizar las fiestas patrias, aunque su prioridad es la reintegración al trabajo de 16 mil 500 electricistas, como ví­a para llegar a un acuerdo pací­fico, a casi dos años del decreto de extinción de LFC, el 11 de octubre de 2009.



De prosperar esta mesa de diálogo estará integrada por el SME, los secretarios de Hacienda y de Energí­a, así­ como el jefe de Gobierno capitalino. Además, representantes del Poder Legislativo, donde se analiza una iniciativa de ley para la eventual creación de una nueva empresa de servicio eléctrico.



El interés del SME para que participe Ebrard tiene que ver, dijo Esparza, por la zona en la que ocurre el conflicto, la capital del paí­s, y también en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.



”Si ellos (SG) nos dicen “˜instalamos mañana la mesa para resolver de fondo el conflicto”™ aquí­ estaremos, y al momento en que haya propuestas muy viables para llevar a la asamblea, será lo que sigue. Hay voluntad polí­tica de Blake, incluso hará las consultas correspondientes”, agregó.

Organizaciones nacionales e internacionales repudiaron las declaraciones que hace dos semanas emitió el presidente de la Canacintra en Puebla, Luis Espinosa Rueda, quien calificó al Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Blanca Velázquez como un “peligro para Puebla”, piden al Estado Mexicano exija una explicación pública al empresario por las declaraciones.



Desde la Universidad Iberoamericana, acompañadas por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacurí­a, llamaron a Rafael Moreno Valle, gobernador del estado a frenar la impunidad en la que se mantienen los ataques contra el CAT pues la campaña de descrédito y descalificación por los empresarios provocan miedo y ponen en riesgo inmediato la vida de los defensores.



Aseguraron que estas declaraciones tienen un impacto intencional colateral en los trabajadores de Puebla, para también, desanimar cualquier acto de reclamo laboral. Pidieron al ejecutivo, hacer una aclaración pública señalando que CAT simplemente es una organización legalmente incorporada que hace un trabajo reconocido por las autoridades.



También pidieron a Moreno Valle garantí­as para la vida y la seguridad de los activistas quienes están en serio peligro en este Estado tan solo por visibilizar la enorme injusticia en la que los y las trabajadoras viven, las violaciones a sus derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas, así­ como la violencia en la precarización en sus centros laborales. La mayorí­a de estas violaciones documentadas por el CAT han sido cometidas en Puebla por empresas transnacionales.



Rosalinda Márquez, representante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC, no descartó una demanda penal por difamación y amenazas en contra del lí­der de la Canacintra por realizar declaraciones sin fundamento e intimidatorias.



Las ONG pidieron que el Estado Mexicano exija el compromiso de realizar un proceso de formación y difusión al interior de la Canacintra sobre el marco legal y las obligaciones del gobierno y las empresas para garantizar el derecho a defender los derechos laborales en México.



Se incluye la petición de la implementación de una campaña masiva y constante “hasta que no cesen los hostigamientos contra defensoras de derechos humanos en Puebla”



”De manera urgente, exigimos que las autoridades competentes realicen de manera efectiva su obligación de investigar y sancionar los ataques contra el CAT que ya se han denunciado, así­ como el conjunto de denuncias que están todaví­a sin resolver por ataques contra defensoras y defensores en México” pidió Márquez.



Loraine Clewer, representante en México de la Red de Solidaridad y de la American federation of Labor AFLCIO, aseguró que las declaraciones del empresario Luis Espinoza Rueda lastimosamente demuestran una visión miope defectuosa de lo que es el desarrollo económico y cómo funciona.



La exigencia de las peticiones de la ProDESC está respaldada al menos por 150 organizaciones nacionales a las que se unieron la Federación Internacional de la Industria Metalurgica, la International Metal Workes Federation. FITIM, la United Steel Wokers USW, la UE United Electrical Workers y la MSN Red de Solidaridad de la Maquilade Canadá y el Proyecto de Educación Laboral de las Américas.



Hay que recordar que luego de que Blanca Velázquez, presidente del CAT emprendiera la defensa de trabajadores de Johnson Controls, en noviembre de 2010 sus oficinas fueron allanadas, hubo robo de equipo, archivo y golpes a activistas.



En las oficinas se leí­a con grandes letras rojas “No saben con quién se están metiendo”, a esto siguieron llamadas amenazantes que recordaban el secuestro y el eventual asesinato de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos.



Blanca regresa a Puebla y retoma la defensa de trabajadores, dijo llegar a sus oficinas con medidas cautelares para su protección ordenadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también con miedo “Tengo miedo, sí­, de la colusión de autoridades con empresarios, pero no me dejare vencer, voy a dar la batalla, voy a defender lo que creo, la justicia, alguien tiene que hacerlo” dijo.



Las organizaciones señalaron que las acciones gubernamentales carecen de voluntad polí­tica y están siendo insuficientes para proteger a las personas que defienden los derechos humanos, en especial a las defensoras de derechos humanos laborales, amenazadas tanto por actores estatales como empresariales.



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